Tome papel y lápiz y pinte a un romano de Itálica. Es muy probable que su
dibujo coincida, en todos sus pormenores, con la imagen real de un romano
antiguo. Ahora dibuje a un habitante del cuarto milenio antes de Cristo. Es muy
probable que su dibujo no tenga nada que ver con los restos encontrados muy
cerca de Itálica, en Castilleja de Guzmán: un enterramiento ritual de dieciséis
mujeres en estado fértil, entre 16 y 25 años, vestidas lujosamente con trajes
de lino cosidos de lentejuelas de marfil y conchas y hueso, con cinturones y
collares de bolas de ámbar y peinetas. Mujeres que, cuando los romanos hollaron
por primera vez la vega del Guadalquivir, llevaban ya más de tres mil años
soñando el sueño eterno. Mujeres del Calcolítico.
Un periodo desconocido
Tratar de explicar en qué consiste el Calcolítico es como intentar definir el
color del mar: según a quién se le pregunte, hablará de un color u otro, pero
todos se estarán refiriendo en última instancia a lo mismo. Así, este período
histórico ha sido objeto de prolongadas discusiones entre los expertos y, a día
de hoy, aún no se ha llegado a una conclusión definitiva. El Calcolítico apenas
puede diferenciarse del final del Neolítico o del principio de la Edad del
Bronce y, de hecho, hay quienes sostienen que, en realidad, no es sino las
postrimerías del Neolítico mismo. Son muchos los arqueólogos que establecen
como rasgos definitorios de este período el inicio de la metalurgia (si bien en
la etapa anterior ya hubo algunos indicios de esta actividad) y la aparición
del vaso campaniforme, que, aunque para algunos tiene una importancia capital,
para otros no es sino una moda dentro de la ornamentación cerámica de la época.
Por su nombre, el Calcolítico (del griego, jalkós; cobre, lízos, piedra) se
define como el tiempo en el que empezaron a usarse los metales por primera vez,
aunque hubo otros muchos cambios en las sociedades de la época que pueden
enmarcarse aquí y de los que la provincia de Sevilla ha sido testigo.
La pareja inseparable formada por el poblado y su necrópolis empezó a darse con
fuerza, y en Sevilla no son pocos los yacimientos arqueológicos que demuestran
esta unión. Además, de las necrópolis no sólo podemos observar cómo enterraban
a sus semejantes en esos días, sino también lo que estos enterramientos
significan: el fin de la igualdad en la tribu.
De lado a lado del Guadalquivir
El testimonio que nos dejaron se refleja en los 270 yacimientos registrados en
la provincia de Sevilla en la base de datos del patrimonio inmueble de
Andalucía. De todos ellos, destacan dos jugosos conjuntos: el de
Valencina-Guzmán y el de Gandul. Ambos forman, según Jorge Arévalo, portavoz de
la Asociación de defensa del patrimonio “Los Dólmenes”, un eje a partir del
cual podría organizarse la presencia del Calcolítico en el resto de la
provincia: en Carmona, en El Coronil, en Gilena, en Lebrija. Si un yacimiento
de ochenta hectáreas ya es importante, las más de cuatrocientas de
Valencina-Guzmán lo convierten, para Arévalo, en el más importante del
Calcolítico en toda Europa: “La imaginación del arqueólogo se dispara porque
los tamaños tienen implicaciones poblaciones y económicas, y da que pensar, que
esto era capital de algo, de una delimitación territorial llamada reino,
país…”. Señala además que, por sus dimensiones, podemos denominarlo al menos
como una “protociudad”, la más importante de una región que llegaba desde El
Puerto de Santa María hasta Ayamonte (o incluso hasta el Cabo de San Vicente).
De hecho, Arévalo cree que la identidad de Sevilla no consiste en ver a la
Giralda o al casco histórico de la ciudad como el origen de ésta, sino en
volvernos hacia el Aljarafe y mirar a Valencina de la Concepción y Castilleja
de Guzmán, en donde el hombre comenzó por primera vez a poblar estas tierras de
manera sedentaria y permanente. Así, debemos entenderlo “desde el punto de
vista metropolitano, que es como tenemos que empezar a concebir Sevilla.
Estamos hablando de Sevilla, de la gran Sevilla”.
Pero, a pesar de la enorme extensión que este enclave ocupa, sólo conocemos una
pequeña parte. De nuevo en palabras de Arévalo, la metáfora con la que él
explica lo que se conoce aún de Valencina-Guzmán es la siguiente: “Es un puzle
de tres mil piezas y aún no tenemos ni treinta”. La magnitud del yacimiento no
sólo tiene que ver, ni mucho menos, con cuestiones exclusivamente mensurables,
sino también con lo que revela sobre nuestro pasado. En un área de seis u ocho
hectáreas, podemos encontrar restos de actividad metalúrgica en donde se
trabajaba el cobre, es decir, una zona dedicada exclusivamente a esa labor.
Aquí, pues, nació la especialización y, con ello, la jerarquización social, el
concepto de riqueza y pobreza o la esclavitud: “El origen de nuestra
civilización y nuestra sociedad actual está ahí, de manera que lo lógico es que
yo piense que esos son mis primeros antepasados, propiamente dicho, los
culpables de todo lo bueno y todo lo malo que me pasa”, sentencia Arévalo. Y es
que, si al oeste de Sevilla existe esta magnificente huella del pasado, al este
de la capital hispalense tampoco están faltos del testimonio del hombre de la
Edad del Cobre.
Lo que sí sabemos es que la Edad del Cobre fue una época muy fructífera para el
Gandul. Situado al este del término de Alcalá de Guadaíra y limitando con la
vecina Mairena del Alcor, fue uno de los poblados más importantes del Bajo
Gualdalquivir desde sus inicios hasta el Imperio Romano. Uno de los motivos por
los cuales el Calcolítico cobra protagonismo aquí es que fue durante ese
período histórico cuando la primera ocupación sedentaria tuvo lugar. Fue
entonces cuando comenzó lo que más tarde fueron descubriendo los arqueólogos y
los visitantes curiosos en la zona: plantas de viviendas con un hogar en medio,
restos de cerámica y bisutería, fraguas, molinos hechos de piedra o ídolos de
grandes ojos. Pero lo que más llama la atención al visitante en lo que a este
período histórico se refiere, bien por su fácil acceso, bien por el misterio
que a este tipo de construcciones suele envolver, es la necrópolis. Las
construcciones funerarias que existen en este yacimiento son del tipo tholos (y
que, en plural, puede quedarse igual o llamarse tholoi, si queremos ser
exquisitos y respetar su etimología griega). Para aclararlo en pocas palabras,
un tholos es una edificación en forma de círculo, y de las que allí están, sin
duda la denominada Cueva del Vaquero es la más conocida.
No es difícil encontrar a algún alcalareño que conozca esa “cueva”, que no es
sino una tumba del III milenio antes de Cristo. Las visitas guiadas (y las no
guiadas) han despertado desde siempre el interés de los habitantes de esta
ciudad dormitorio, una ciudad cargada de historia, que los mayores se apresuran
en dar a conocer a los jóvenes para que valoren su pasado. De ese pasado, del
que a veces se nos escapan cosas, cabe recordar que el Gandul, aunque hoy esté
situado en un terreno pedregoso y seco, estuvo hace miles de años junto al
Ligustino, un estuario que constituía la desembocadura del Guadalquivir. El
Atlántico llegaba en aquellos días hasta cubrir lo que hoy es la ciudad de
Sevilla. Y así, al este y al oeste, flanqueando ese brazo de mar que penetraba
en la tierra, estaban, respectivamente, el Gandul en Los Alcores y lo que hoy
sería Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, en el Aljarafe.
En el caso del primero, la magnitud de este yacimiento ha sido importante desde
que comenzaran las primeras excavaciones a principios del siglo pasado. No en
vano se le declaró monumento histórico y artístico en 1931 bajo el título de
Necrópolis Dolménica de Los Alcores en Gandul. Los posteriores hallazgos
elevaron la relevancia de estos restos arqueológicos, declarados como Bien de
Interés Cultural en 1991.
La ley actúa (a veces)
La protección de los yacimientos calcolíticos de la provincia de Sevilla está
regulada por la última Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, promulgada en
2007 durante la séptima legislatura de Manuel Chaves como presidente de la
comunidad. Esta ley, que mejoró sustancialmente la ley anterior de 1991, marca
un alto grado de protección del patrimonio histórico, comenzando por la
documentación de los fondos existentes, pasando por el control de los
planeamientos urbanísticos, y culminando en la vigilancia y el castigo, con
sanciones de hasta un millón de euros por faltas muy graves, como la
destrucción de determinados restos arqueológicos.
Pero todo empieza antes. En 1985, el gobierno de Felipe González aprobó la Ley
de Patrimonio Histórico Español, introduciendo, entre otras muchas novedades,
la mencionada categoría de Bien de Interés Cultural. Con esta figura, la ley
pretendía proteger el patrimonio histórico español de cualquier acción
discriminada: todo patrimonio mueble o inmueble considerado bien de interés
cultural pasaba a ser de dominio público, lo que no significa que no pudiera
estar en manos privadas, pero sí que sus propietarios debían cumplir con
ciertas obligaciones, como la de permitir su visita gratuita al menos cuatro
días al año. Más allá del tipo de propiedad, gracias a esta ley todo bien de
interés cultural disfruta desde entonces de un plan de protección y de la
prohibición de realizar obras sin la autorización de los organismos
competentes.
Andalucía, como otras comunidades, redactó años después su propia ley. La
primera Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, de 1991, aumentó la
protección que otorgaba la ley de 1985, incluyendo un Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz. La importancia de este registro–completado con el
Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, creado con la
ley de 2007– para los yacimientos calcolíticos radica en la posibilidad
de conocer su localización y, por tanto, de saber dónde no se pueden hacer obras
sin el permiso de la administración correspondiente, en este caso la Consejería
de Cultura. Sin la existencia de estos catálogos cualquiera podría, alegando
desconocer su existencia,destruir un yacimiento arqueológico durante una obra
cualquiera.De ello advierte el arqueólogo Enrique Domínguez: “Todavía hay
muchos ayuntamientos y muchos municipios que no tienen adecuado su planeamiento
urbanístico, con lo cual ha habido parones de planeamiento por culpa de la
crisis. Algunos ayuntamientos tienen planeamientos antiguos, donde no están
documentados todos los yacimientos arqueológicos: entonces se pueden dar, por
ejemplo, casos de licencias de obra en sitios con posibilidad de riesgo
arqueológico.” Jorge Arévalo tiene claro que la raíz del problema es económica:
“El Estado dota de unos presupuestos a los ayuntamientos que son insuficientes
a todas luces. Entonces, los ayuntamientos han aprendido a financiarse mediante
el urbanismo. Lo que están haciendo es coger dinero de convenios y de
aprovechamientos para financiar aquello que el Estado no les financia. De esa
forma, al redactar el PGOU piensan en los intereses del promotor, en los
intereses de las inmobiliarias, el interés del inversor… y no en el de la
ciudadanía”.
La ley es buena, pero hay que aplicarla. La arqueóloga Rosario Cruz-Auñón cree
que, a pesar de las normas y las multas, la influencia de la política es
poderosa: “Cuando hay políticos de por medio sabes que te tienes que callar.”
Cruz-Auñón, en concreto, se refiere a la insuficiente dureza de las sanciones y
a la práctica de políticas cortoplacistas: “Hay denuncias, se admite la
denuncia, se paga una multa pero ya te has cargado el yacimiento. A veces es
más rentable pagar una sanción, y quedas políticamente bien. Con lo cual, si
vas sopesando, piensas si interesa más defender el patrimonio o que la
civilización siga hacia delante cargándose lo anterior.” Todo ello, a pesar de
que el primer artículo de la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía establezca: “Es objeto de la ley establecer el régimen jurídico del
Patrimonio Histórico de Andalucía con el fin de garantizar su tutela,
protección, conservación, salvaguarda y difusión, promover su enriquecimiento y
uso como bien social y factor de desarrollo sostenible y asegurar su
transmisión a las generaciones futuras”.
Frente a la imagen del ciudadano solitario, indefenso ante los poderes públicos
en sus reivindicaciones, Jorge Arévalo plantea un nuevo escenario, cuyo caldo
de cultivo está en las redes sociales, un territorio de colaboración entre
asociaciones y expertos independientes que forma una suerte de quinto poder, el
poder de la gente corriente, que disfruta así de un poderosos asesoramiento
legal y técnico: “Cuando tú dispones de economistas, peritos, arqueólogos,
técnicos de inspección… saben dónde está la trampa, porque tienes que saber
cómo leer entre líneas los documentos oficiales. Lo más importante es lo que no
ponen, no lo que ponen.” Esa lucha para defender el patrimonio requiere, para
Arévalo, mucho valor: “Ha habido momentos muy peligrosos. Cuando yo estaba con
mis compañeros frenando un PGOU, había alguien que estaba perdiendo mil millones
de pesetas. Veladamente hemos recibido amenazas: por ejemplo, mandarte a la
policía para que te identifiquen porque has repartido panfletos por el pueblo.”
La SE-40, todo un desafío
Y si de obras se trata, la construcción de la SE-40 es una cuestión mayor. La
ronda de circunvalación, con 77 kilómetros proyectados, consta de once tramos
que atraviesan ocho municipios del Área Metropolitana de Sevilla: La Rinconada,
Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Coria del Río, Almensilla, Valencina de la
Concepción, Salteras y La Algaba.Los tramos entre La Rinconada y Coria del Río
ya están terminados.Una obra de tal magnitud, que podría suponer un peligro
para los importantes yacimientos calcolíticos de Alcalá y Valencina-Guzmán, ha
de ser controlada con especial atención. Y así ha sido, según todas las fuentes
consultadas: tanto los técnicos de Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Occidental, como arqueólogos que han participado en las prospecciones
arqueológicas previas a la construcción de la SE-40, así como colegas y
expertos en la materia, aseguran que se han respetado todos los yacimientos que
se han encontrado o que podían verse afectados por las obras, un total de
dieciocho hasta la fecha.
En una reunión sobre el Calcolítico en la Península Ibérica, celebrada hace más
de veinte años, decenas de expertos en este campo, procedentes de toda España y
de otros puntos del globo, debatieron los diferentes aspectos que ofrece este
intrincado periodo para arrojar algo más de luz sobre él. De esa reunión salió
incluso un libro. Uno de aquellos expertos, el arqueólogo Fernando Amores,
recuerda el procedimiento de protección de posibles descubrimientos: “Sé que
esas operaciones de obras públicas suelen estar controladas por la propia
administración con carácter previo, y hay siempre un estudio de impacto donde
se obliga a controlar si hay algún hallazgo arqueológico y a resolverlo”. Por
su parte, la arqueóloga Lara Cervera, responsable de la conservación y las
visitas guiadas del yacimiento calcolítico del Gandul, reconoce que el trazado
de la SE-40 no pasa a la misma altura que los restos afectados: “En la mayor
parte de los casos los yacimientos simplemente se han excavado y luego se han
soterrado porque el trazado de la SE-40 iba por encima de los niveles de esos
yacimientos, o sea que ni siquiera se han destruido”.
Pero quien más conoce los pasos seguidos por la administración es el propio
Enrique Domínguez, que participó en los estudios arqueológicos de las obras de
la SE-40: “Primeramente, estando ya el proyecto constructivo redactado se hace
la prospección arqueológica. Esa prospección documenta, o no, localizaciones
arqueológicas o posibles yacimientos, y de ahí se establecen una serie de
medidas correctoras que generalmente son, o bien excavación, o bien un control
arqueológico de movimiento de tierra.” Estos no son los únicos niveles de
protección: los proyectos constructivos, como es el caso de la SE-40, tienen
que pasar por un trámite de evaluación ambiental, que incluye una serie de
informes preceptivos y vinculantes de las otras Consejerías. De tal forma, la
Consejería de Cultura, cuando este proyecto constructivo pasa por sus manos,
establece ya una serie de cautelas previas.
Un problema triple
La conservación del patrimonio histórico pone siempre de manifiesto una
importante cuestión: si es preferible conservar el pasado a costa del progreso,
o viceversa. Jorge Arévalo cree que la tozudez nunca da un buen resultado: “La
ciudadanía tiene que aprender a decir que la carretera hace falta, pero también
debe cuidarse de dónde construir. Si se comienza un debate sobre esto, debes
ofrecer salidas, contrapropuestas. Hay que dar opciones. No debe ser un no por
sistema. ¿Conservación versus progreso? No tienen por qué ser incompatibles”.
Es fácil que la balanza se incline a favor del progreso si la gente ignora la
existencia de su patrimonio: nadie puede indignarse por la destrucción de algo
que no conoce. La solución está, principalmente, en manos de la administración:
“Para que sean un activo turístico unos bienes tiene que haber una mínima
señalización, una mínima accesibilidad, porque en el fondo estás diciendo:
«Vaya usted a ver esto», y eso debería poder verse. Eso significa poner medios
por parte bien de la Consejería o la Delegación de Cultura”, comenta Fernando
Amores, quien denuncia la falta de constancia en estas prácticas: “Estas
campañas tienen que tener mucha continuidad, así que cuando no la hay va
quedando una sensación de "déjà vu", un ya visto, temas recurrentes que nunca
salen adelante del todo”.
Para prevenir posibles desconocimientos, desde muy pequeños se fomenta el
respeto por estos yacimientos: algunos días llegan a los de Valencina-Guzmán
autobuses llenos de alumnos de primaria, nos cuenta Rosario, quien también
procura llevar a los yacimientos a sus pupilos de la Universidad de Sevilla.
Para ella, en el patrimonio histórico están las claves de nuestra identidad:
“Conociendo tu pasado puedes ir viendo tu presente y programar el futuro. Y
esos signos de identidad y de trayectoria histórica es conveniente siempre
tenerlos delante, conocerlos. Si no los tienes físicamente, al menos
conservarlos virtualmente, y dejar que la civilización siga para delante.”
A la colisión con el progreso y los intereses políticos se ha añadido, en los
últimos años, la crisis económica. El dinero juega, evidentemente, un papel
fundamental: por un lado, porque los ayuntamientos tienen que llevar a cabo
obras de señalización o vallado; por otro lado, porque los propios arqueólogos
podían solicitar subvenciones a la Junta de Andalucía para sus proyectos entre
el 1 de marzo y el 31 de octubre de cada año natural. Estas ayudas están
reguladas por la orden de 6 de febrero de 2006, que en su artículo 3.1 reza:
“El importe de la ayuda a conceder podrá ascender a la totalidad del coste de
la actividad para la que se solicite”, aunque advierte, en el tercer apartado
de su primer artículo, de que la disponibilidad de estas ayudas no es
incondicional: “3. La concesión estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes”.
En 2013, de hecho, esta amenaza se cumplió: mediante la orden de 18 de enero de
2013, firmada por el Consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, se
suspendieron esta orden y todas las subvenciones solicitadas al amparo de la
misma ese año. Como justificación, la Junta apunta a los compromisos
presupuestarios adquiridos con el Gobierno central: “El actual contexto
económico obliga a la contención y racionalización del gasto de acuerdo con el
Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014,
resultando inviable la asunción de nuevas obligaciones por la Consejería de
Cultura y Deporte en las distintas actividades que constituyen el objeto de las
referidas subvenciones”. Para Jorge Arévalo, la falta de dinero tiene consecuencias
a corto y largo plazo: “Los arqueólogos se están muriendo de hambre; ya no
pueden hacer ni lo que yo llamo, digamos, de forma un poco dura, «arqueología
mercenaria», es decir, comer con lo que te den las construcciones. Es
demoledor. Además, si la población no valora la cultura como algo necesario,
como el pan, como el aire que respiramos, como que las carreteras estén bien
asfaltadas, esa muerte o esa epilepsia cultural dará lugar a un desierto
cultural. No va a incentivar que nuevos jóvenes entren en la universidad a
trabajar en esas ramas, en esas áreas de conocimiento. Menos todavía se van a
dedicar a la investigación”.
El obstáculo de la burocracia
En la actualidad, el celo de la Junta de Andalucía por proteger su patrimonio
y, sobre todo, por controlar la actividad de los arqueólogos, ha llevado a
retrasos tanto en el registro como en la propia labor de estos profesionales.
Uno de los aspectos más débiles de esta protección es la elaboración del
Anuario Arqueológico de Andalucía. Este proyecto, con vocación de revista
científica divulgativa, es un compendio de todas las actividades arqueológicas
realizadas en un año concreto en la comunidad. Comenzó a publicarse en 1985, y
es competencia de la Dirección General de Bienes Culturales. Su acción
divulgativa, en el papel, parece efectiva.
Sin embargo, Enrique Domínguez denuncia dos deficiencias; por un lado, la baja
calidad del catálogo: el arqueólogo habla de una revista “que no tiene
prácticamente difusión académica ni científica ninguna, en la que tú publicas
algo por obligación y que no te van a pagar, así que la calidad de esos
resúmenes imagínate cómo será”. Por otro lado, el escaso personal encargado de
controlar la edición de esta publicación. Según Domínguez, dentro de la
Dirección General de Bienes Culturales sólo hay una persona adscrita a esta
competencia. Fuentes de dicho organismo desmintieron esa cifra, aunque la
diferencia era casi inexistente: actualmente hay dos personas encargadas de
elaborar el anuario. Hablan de un “retraso grandísimo”, de un “número
insuficiente de personal”, aunque justifican en parte el retraso por la
creación de una aplicación online en la que desde hace un mes se han empezado a
volcar los datos que se han recopilado. Sobre el marasmo de tantos meses, una de
las personas que participó entre 2008 y 2010 en la confección del Anuario
Arqueológico, comenta que en el curso de la última reestructuración de la
consejería de Cultura se han cambiado muchos departamentos, y que eso ha podido
generar un nuevo reparto en las competencias.
Los profesionales, ahogados
El retraso no afecta sólo a las publicaciones de la Junta de Andalucía. Una de
las grandes batallas que disputan los arqueólogos intenta acabar con una norma
que les impide gestionar más de un proyecto de investigación a la vez. El
asunto tiene dos vertientes: la administrativa y la profesional. En primer
lugar, el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la Junta de Andalucía, la
norma que regula estos proyectos, establece en su articulado las diferentes
fases que tiene que atravesar cualquier arqueólogo que quiera hacer una
investigación. En concreto, el artículo 18 y el 19 se encargan de la fase de
autorización, y los artículos 32, 34 y 35,de las memorias preliminar y final
que hay que entregar como paso final de un proyecto de investigación
arqueológica.
